El pasado 21 de julio de 2022 un grumete se vio obligado a renunciar a su puesto de trabajo al ser presionado por miembros del SUNTMA debido a su negativa a afiliarse al sindicato.
Al día siguiente, integrantes de la misma organización, intentaron presionar a una empresa para que vuelva a contratar a un marinero que había sido despedido a fines de 2021 (quien había cobrado la indemnización correspondiente). Ante la negativa de la empresa, personal afiliado al sindicato, presionó a los marineros embarcados, logrando paralizar a cinco buques que estaban prontos para salir.

Esta situación no solo daña a las empresas armadoras sino también a decenas de tripulantes que no pudieron salir a trabajar en plena temporada de pesca y pone en riesgo el trabajo de otros cientos de personas en las plantas de procesamiento de pescado que reciben la materia prima de dichas embarcaciones.

El silencio cómplice de la ANP y de todas las autoridades del Puerto de Montevideo hace posible lo que hemos denominado la “dictadura sindical” del SUNTMA, cuyos dirigentes han declarado abiertamente que quien no está afiliado al sindicato no puede trabajar y que junto a un grupo de afiliados ejercen presión sobre quienes quieren trabajar y paralizan la actividad incumpliendo todos los acuerdos y atentando contra la libertad y el derecho al trabajo.

Denunciamos la complicidad de las autoridades con el sindicato al no haber solucionado aún la presencia totalmente irregular de una “oficina” del sindicato dentro del puerto en el área asignada a la operativa del sector y al no haber actuado sobre la ilegal atribución al sindicato de otorgar pases de acceso al puerto, lo que a su vez, hace posible esas actitudes mafiosas en contra de la actividad y la libertad. El pasado 25 de marzo la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay intimó a la ANP a cumplir con el código internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), corrigiendo esa situación, y no hubo ninguna respuesta aún.

El sector pesquero se encuentra en una grave crisis configurada también por otros múltiples factores como por ejemplo los precios de los combustibles, la inoperancia y mala gestión de la DINARA o la desviación de fondos del Fondo de Desarrollo Pesquero a Rentas Generales.

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), manifiestan que se ha llegado al límite de viabilidad del sector. Agradecen al gobierno su disposición para escuchar, pero no alcanza con eso. Solicitan al Gobierno Nacional que actúe de forma urgente para evitar que en los próximos días se paralice totalmente la actividad y se pierdan miles de empleos.

Se adjunta declaración de marinero obligado a desembarcar por el sindicato,  presentada ante el MTSS, y foto de “oficina” irregular del SUNTMA dentro del puerto.

Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay. 25 de julio de 2022.

En nota con El Observador, el presidente de CIPU, Juan Riva-Zucchelli respondió afirmaciones del SUNTMA que no se ajustan a la realidad y apostó a trabajar juntos, gobierno, trabajadores y empresarios por el desarrollo del sector: «Tenemos que ser más eficientes, defender la pesca sustentable, ser competitivos y siempre ir a más apuntando a crecer y recuperar lo perdido».

En ese link la nota completa.

Un importante grupo de empresas de la CIPU denunciaron a la ANP el incumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias y la intimaron a tomar las medidas necesarias para corregir esta situación.

En el escrito de Intimación ANP – CIPU 25.3.22 (1), y sobre el que no hubo respuestas formales de parte de la ANP, las empresas advierten sobre los riesgos de esta irregularidad en cuanto a la falta de controles y de seguridad, advirtiendo sobre los posibles daños y perjuicios que se pueden provocar por este motivo.

En particular, las empresas denuncian que el actual procedimiento de otorgamiento de carnés de acceso y circulación en el recinto portuario, en el marco de una resolución del año 2009, que califican de ilegal e ilegítima, otorga permisos que no están relacionados a la operativa portuaria ni con plazo de vigencia, lo que resulta clave para la seguridad de buques e instalaciones portuarias.

En el escrito se intima a la ANP a que revoque la resolución de 2009 que habilita el acceso y circulación por tiempo indefinido de integrantes de organizaciones sindicales no necesariamente relacionadas a la operativa portuaria, y que revoque la potestad del SUNTMA, por cuanto no es un operador portuario, de otorgar permisos de acceso y circulación en el puerto, así como los actuales permisos que no tengan relación directa con la operativa.

Desde las empresas de la CIPU se considera que presencia del sindicato en el muelle y sus reiteradas posturas de paralización de actividades y convocatoria a asambleas afectando directamente la operativa y atentando contra la libertad de trabajo generan una «ocupación de hecho» sobre la que las autoridades deberían actuar para detener la pérdida de empleos y las pérdidas millonarias que esta situación provoca al sector y al país.

Las habilitaciones a personas del sindicato ajenas a la operativa, de acuerdo al Código PBIP, deberían otorgarse exclusivamente ante denuncias o pedidos concretos y con la vigencia correspondiente a situaciones particulares y no como sucede en la actualidad, con un mecanismo que hace posible una «dictadura sindical», atentando contra la libertad de trabajo y la libertad de contratación de las empresas.  

La planta de procesamiento de pescado NOVABARCA SA, ubicada en la localidad de Barros Blancos, lentamente vuelve a retomar su funcionamiento luego de haber tenido que tomar la difícil decisión en marzo de enviar a 80 trabajadores efectivos al seguro de paro, como consecuencia de una huelga de marineros y capitanes que la dejó sin materia prima.

Teniendo en cuenta que la reactivación de la actividad aún es lenta, la empresa se ha propuesto aumentar su producción, y para ello, ha decidido incorporar más trabajadores y habilitar un segundo turno, lo cual redundará en la contratación de más de 50 nuevos operarios.

NOVABARCA SA es uno de los principales productores y exportadores de pescado del Uruguay, siendo una de las pocas plantas pesqueras habilitadas para exportar a la Comunidad Europea. Posee una capacidad de producción de hasta 120 toneladas por día, emplea a más de 80 personas y en plena operativa puede llegar a las 200.

Las empresas y los trabajadores de todo el sector han sufrido pérdidas muy importantes como consecuencia de las reiteradas convocatorias del SUNTMA a asambleas y paros de los últimos meses.
Recientes declaraciones de la dirigencia del SUNTMA dejan en evidencia la falta de libertad que sufre el personal de la pesca para decidir trabajar o no, adhiriendo o no a medidas como las planteadas. Ese no es el camino para defender el trabajo de todos.
Las empresas respetamos la actividad sindical pero no su tiranía ni la imposición de sus decisiones a todo el colectivo. Por lo tanto cada empresa, de acuerdo a su propio cronograma de entradas a puerto, priorizando la continuidad de la actividad para el bien de todos, y en diálogo con sus patrones y su personal decidirá si los barcos están en puerto el día 29 para una nueva asamblea del sindicato, y se siguen perdiendo jornales y oportunidades de empleo que tanto precisa el país y la familia del mar, o si se aprovecha el comienzo de una nueva zafra para sacar adelante al sector, superar las grandes dificultades que enfrenta y retoma el camino del crecimiento y la generación de empleo.
Esta debiera ser una decisión libre de cada trabajador sin tener que pedir permiso a un sindicato cuyas acciones solo han provocado pérdida de empleos y oportunidades. Elegir un camino u otro es una responsabilidad de cada uno de los trabajadores. Las empresas elegimos trabajar, invertir, crear oportunidades y bienestar para nuestra gente.
Confiamos en poder transitar este camino y que del lado de las autoridades se defienda también el derecho al trabajo, la libertad de las empresas y se corrijan las irregularidades que hacen posible la actual dictadura sindical.
La presencia de los barcos en el puerto el día 29 no debiera ser el resultado de una decisión sindical, sino del cronograma de trabajo de cada empresa y del diálogo con sus trabajadores, para darle continuidad a la actividad y así al empleo en todo el sector.
Solamente será posible mejorar las condiciones de trabajo y los resultados de la actividad, si hay actividad, y este tipo de paralizaciones solo aumentan el riesgo de que siga disminuyendo y se sigan perdiendo empleos.
Aprovechamos la oportunidad para saludar a toda la familia del mar en un nuevo 1º de mayo, convencidos de que la defensa real del trabajo de todos, cuidándolo, es la mejor forma de celebrarlo con respeto y responsabilidad colectiva.

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) expresa su rechazo absoluto a las declaraciones del Senador Andrade respecto a la existencia de «trabajo esclavo» en la flota pesquera nacional.
Convocamos al Senador a retractarse o a realizar las denuncias formales que es su obligación hacer.
No dude el Senador de que en caso de existir pruebas de tan grave denuncia, las empresas del sector acompañarán las investigaciones necesarias para que la autoridad correspondiente actúe en consecuencia.
En nuestra visión, la situación denunciada lejos de poder confirmarse, es posible desmentirla tajantemente y denunciar lo opuesto: una verdadera dictadura sindical, confirmada por el propio vocero del SUNTMA cuando reconoce públicamente, que estar afiliado al sindicato es condición para poder trabajar en el sector, atentando contra la libertad de contratación de las empresas y al derecho al trabajo de cientos de personas que puedan no estar de acuerdo con pertenecer a una organización sindical.
Nos preocupa mucho que un Senador de la República se sume a declaraciones de un dirigente sindical sin ningún sustento en la realidad, por lo que hemos solicitado ser recibidos a la brevedad posible para informarle con hechos y datos reales, la situación del sector y las condiciones de trabajo en nuestra actividad.

Montevideo 1º de abril de 2022. El sector de la pesca nacional se encuentra paralizado por su sindicato, una vez más. Cientos de trabajadores se ven impedidos de trabajar y el flujo habitual de exportaciones de pescado es casi nulo en este momento, amenazando seriamente el futuro del sector.

En esta oportunidad, el SUNTMA impide a las empresas trabajar por oponerse a una decisión comercial de una empresa del sector, respecto a un cambio de proveedor de servicios de estiba. Esto determina un atentado a la libertad de contratación de las empresas y al derecho al trabajo de cientos de trabajadores que queriendo trabajar no lo hacen por sentirse amenazados por un sindicato que se autodefine como “combativo”.

Las medidas tomadas contra una empresa se han ido ampliando y generando consecuencias más graves, ya que la falta de materia prima repercute en toda la cadena productiva, logística y comercial del sector y se siguen sumando trabajadores que quedan sin empleo como consecuencia de las decisiones del sindicato.

A modo de ejemplo, la paralización en la empresa Tolimar S.A. repercutió en la falta de materia prima para la planta de Novabarca S.A. (ubicada en la localidad canaria de Barros Blancos), por lo que esta se vió forzada a cerrar sus puertas y enviar a 80 trabajadores al seguro de paro, fundamentalmente mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. Esta situación amenaza con extenderse indefinidamente, ante la reanudación de hostilidades del sindicato.

A mediados de marzo, cuando parecía haberse solucionado el conflicto, los buques pudieron hacerse a la mar, pero apenas luego de dos viajes, los sindicatos exigieron a sus afiliados que estuvieran en tierra el 26 de marzo para participar en el referéndum y para una asamblea el día 28, con paralización de todas las actividades, tras la cual el SUNTMA resolvió un paro general de toda la flota pesquera uruguaya, “hasta que se resuelva el conflicto que mantiene la empresa Tolimar S.A. con los trabajadores de la descarga”. La empresa Tolimar no tuvo ni tiene ningún conflicto con ningún trabajador de la descarga, pues ninguno de ellos es o ha sido empleado suyo. El SUNTMA pretende imponer a las empresas que contraten a trabajadores elegidos por el sindicato en las diferentes áreas de actividad, tomando para ello de rehén a toda la flota nacional y poniendo en riesgo el trabajo de cientos de trabajadores, marineros, estibadores, camioneros, operadores de planta, administrativos y otros tantos.

Es altamente preocupante ver manifestaciones como la irrupción de un grupo de sindicalistas en la sede del MTSS el pasado 21 de marzo entonando cánticos de “las balas que nos tiraron van a volver”.

Las empresas de CIPU rechazan toda forma de violencia, reivindican su libertad de contratación y reclaman a las autoridades su intervención ante una situación que de hecho constituye una ocupación de los lugares de trabajo de estas empresas en el Puerto de Montevideo y un atentado contra la libertad y el derecho al trabajo, lo que ha sido ratificado el pasado domingo.

En el día de hoy, en carta remitida a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la CIPU respondió a declaraciones recientes de dirigentes del SUNTMA, reclamando por la libertad de trabajo y de contratación.

La carta dice así:

Señor Director Nacional de Trabajo, Dr. Federico Daverede.

Señor Inspector Nacional de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Tomás Tejeiro

Sres. delegados del Grupo 3 Pesca

Días atrás directivos del SUNTMA realizaron declaraciones públicas en las que manifestaron la supuesta obligación del personal de marinería de acceder al embarque exclusivamente a través de los mecanismos sindicales.

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, en el marco de los derechos consagrados en la Constitución de la República, y en especial del derecho al trabajo, aclara que:

En Uruguay rige la libertad de afiliación sindical, por tanto, ningún trabajador debe sufrir discriminación por su decisión de participar o no de un sindicato.

El SUNTMA cuenta con varias denuncias ante la Inspección General del Trabajo en este sentido, la cual se ha pronunciado confirmando las acusaciones formuladas por los denunciantes.

Ni al SUNTMA, ni a ningún sindicato, le compete decidir quién embarca o no en un  buque, lo cual es una exclusiva facultad de cada empresa armadora. Pretender hacerlo o intimidar a personas que solo buscan ejercer su derecho al trabajo, atenta contra la institucionalidad y el marco normativo de nuestra actividad empresarial y de la de quienes quieren trabajar en forma legítima.

 Las empresas asociadas en CIPU reivindican su libertad de contratación, son contrarias a cualquier tipo de discriminación y usarán todos los recursos a su alcance para impedir que actos de tal naturaleza tengan lugar en sus buques y actividades relacionadas, y en caso de ocurrir, tomarán las acciones administrativas o legales requeridas contra las personas u organizaciones responsables.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente,

Juan Riva-Zucchelli
Presidente

El día 21 de febrero se terminó de procesar el último pescado que quedaba en las cámaras de frío de NOVABARCA, confirmándose lo que muchos trabajadores esperaban con temor cuando veían prolongarse un conflicto tan irracional como habitual.

Desde el 13 de enero, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) inició una medida de fuerza contra la empresa armadora TOLIMAR S.A. que en un momento llegó a afectar a toda la flota pesquera uruguaya.

Esta medida ha impedido que los buques de dicha empresa (ocho en total, seis operativos en este momento) se hicieran a la mar y pudieran traer materia prima para suministrar a la planta de NOVABARCA S.A., ubicada en la localidad canaria de Barros Blancos, y que en plena operación emplea a más de 200 personas.
Desde el inicio del conflicto, la planta ha trabajado solo con operarios efectivos (unas 80 personas), dejando de contratar a más de 100 jornaleros.

El conflicto

Como parte de un proceso de mejora en sus operaciones, durante los primeros días del 2022, la empresa armadora TOLIMAR S.A. decidió prescindir de los servicios de una de las dos empresas de carga y descarga que hasta el momento utilizaba, asignando el 100% de su flota a un solo operador.

Luego de un incidente en el Puerto de Montevideo, con amenazas contra trabajadores de la empresa que asumió la operativa de carga y descarga de los ocho buques, el SUNTMA inició una medida de fuerza, pretendiendo obligar a TOLIMAR S.A. a retroceder.

El 8 de febrero, el sindicato de marineros decide levantar temporalmente la huelga, sin embargo, los barcos no pudieron hacerse a la mar, pues en este caso, el Sindicato Único de Patrones de Pesca de Uruguay (SUDEPPU) inició una medida por su cuenta, reclamando se otorgara seguro de paro a los Patrones (Capitanes) por el tiempo en que el SUNTMA estuvo de huelga.

La empresa TOLIMAR S.A. había solicitado a los Patrones conformar tripulación y salir a trabajar, a lo que estos se negaron, acompañando la medida del SUNTMA.
Cabe recalcar que los Patrones son supuestamente “personal de confianza” de la empresa y constituyen cargos gerenciales, teniendo a cargo los buques, su tripulación y recibiendo remuneraciones acorde a posiciones de dicho rango.

Las víctimas del abuso sindical

A diferencia de países vecinos como Argentina o Chile, donde se ha modernizado y expandido, entre el 2006 y 2019, la Industria Pesquera Uruguaya ha caído un 80% en términos de PIB, siendo probablemente la mayor debacle que una industria haya sufrido en el país en los últimos tiempos.

La alta conflictividad laboral cuenta como una de las principales causas, si no la primera.

La flota uruguaya, reducida en más de un 50%, opera apenas 180 días al año.

Los recurrentes y prolongados paros del personal embarcado repercuten directamente en el personal de las plantas, mayoritariamente mujeres, muchas veces jefas de familia. Ellas son las víctimas silenciosas de sindicatos indolentes que, durante más de una década, han protagonizado el desmantelamiento de un sector entero y con ello, la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Montevideo, 18 de enero de 2022. El pasado 12 de enero, en el Muelle 10 del Puerto de Montevideo, personas identificadas como trabajadores de “carga y descarga” (estibadores), impidieron el trabajo normal de una empresa de estiba que se disponía a preparar los buques pesqueros «Promar XXII», «Santa María del Mar» y «Villalonga» para su salida al mar.

Ese día, debido al hostigamiento y amenazas recibidas por los trabajadores de la empresa en cuestión, fue necesaria la intervención de Prefectura Nacional Naval, lo cual permitió finalmente que se pudieran alistar dichos buques.

No obstante, en nota del 13 de enero emitida por el SUNTMA (“Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines”) se decretó una medida de fuerza impidiendo el zarpe de los buques mencionados y cualquier otro del mismo propietario.

Con esta medida, se pretende imponer a la empresa armadora, los servicios de estiba de preferencia del sindicato, limitando con ello, no sólo la libertad empresarial, sino también el derecho de quienes quieren trabajar.

Las medidas tomadas por el sindicato constituyen un claro atropello, violan el Convenio Colectivo vigente y causan perjuicio económico, no solo a las empresas implicadas, sino a los propios marineros, al impedirles embarcar. 

La Cámara de Armadores de Embarcaciones Pesqueras del Uruguay (CAPU) y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), desde la defensa de la libertad de empresa, el respeto por la libertad sindical y el derecho al trabajo, rechazamos cualquier forma de violencia o intimidación ejercida contra trabajadores del sector. En ese sentido, las empresas involucradas están cursando las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Denunciamos también, una vez más, la violación de las normas internacionales de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y convocamos a la ANP y la Prefectura Nacional Naval a velar por su cumplimiento.