Montevideo, 18 de enero de 2022. El pasado 12 de enero, en el Muelle 10 del Puerto de Montevideo, personas identificadas como trabajadores de “carga y descarga” (estibadores), impidieron el trabajo normal de una empresa de estiba que se disponía a preparar los buques pesqueros «Promar XXII», «Santa María del Mar» y «Villalonga» para su salida al mar.
Ese día, debido al hostigamiento y amenazas recibidas por los trabajadores de la empresa en cuestión, fue necesaria la intervención de Prefectura Nacional Naval, lo cual permitió finalmente que se pudieran alistar dichos buques.
No obstante, en nota del 13 de enero emitida por el SUNTMA (“Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines”) se decretó una medida de fuerza impidiendo el zarpe de los buques mencionados y cualquier otro del mismo propietario.
Con esta medida, se pretende imponer a la empresa armadora, los servicios de estiba de preferencia del sindicato, limitando con ello, no sólo la libertad empresarial, sino también el derecho de quienes quieren trabajar.
Las medidas tomadas por el sindicato constituyen un claro atropello, violan el Convenio Colectivo vigente y causan perjuicio económico, no solo a las empresas implicadas, sino a los propios marineros, al impedirles embarcar.
La Cámara de Armadores de Embarcaciones Pesqueras del Uruguay (CAPU) y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), desde la defensa de la libertad de empresa, el respeto por la libertad sindical y el derecho al trabajo, rechazamos cualquier forma de violencia o intimidación ejercida contra trabajadores del sector. En ese sentido, las empresas involucradas están cursando las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Denunciamos también, una vez más, la violación de las normas internacionales de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y convocamos a la ANP y la Prefectura Nacional Naval a velar por su cumplimiento.
